A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La designación de Rixi Moncada como la aspirante del oficialismo reveló tensiones latentes dentro de LIBRE. La dimisión subsecuente del congresista Jorge Cálix, un personaje con experiencia en la organización, puso de manifiesto desacuerdos significativos sobre la dirección política y el estilo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también dejaron el grupo, acusó prácticas autoritarias y un entorno excluyente.
En respuesta, los líderes del partido llamaron a manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada, y han sido vistas por varios sectores como esfuerzos por mantener el control político en un ambiente desafiante.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La crisis se agravó con la revelación de presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde diputados afines al oficialismo fueron señalados por el desvío de fondos asignados a programas sociales. El caso más emblemático fue el de la congresista Isis Cuéllar, cuya suspensión fue anunciada junto con la cancelación de fondos sociales y una inédita medida: la renuncia colectiva del partido al fuero legislativo.
A pesar de que estas decisiones parecen ser definitivas, grupos opositores, especialmente el Partido Nacional, las describieron como tácticas simbólicas para distraer la atención. Según lo expresado por sus portavoces, las medidas del gobierno no han resultado en sanciones concretas ni en investigaciones efectivas que aseguren la rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las críticas no se han limitado solo al campo político. Desde el entorno empresarial, figuras destacadas han expresado su inquietud por la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), acusó al gobierno de traicionar el mandato popular mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y denuncias sobre presuntos lazos con redes delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a los ciudadanos a proteger el Estado de Derecho frente a lo que percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible desde el punto de vista financiero.
Caída en los sondeos y cambio en el panorama electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una disminución rápida de LIBRE en la preferencia electoral. Según la información recolectada entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha variado entre el 11 % y el 28.5 %, mucho menos que el 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la fluctuación entre sondeos, indica una base de votantes dividida y en búsqueda de otras opciones.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
El contexto presente sitúa a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y desaprobación pública ha minado su posición de cara a las elecciones generales. Si esta tendencia persiste, el gobierno no solo arriesga perder el control del Ejecutivo, sino también poner en peligro la propuesta política que lo condujo al poder en 2021.
En este escenario, el desenlace dependerá de la capacidad del partido para recomponer su estructura interna, atender los reclamos sociales y ofrecer respuestas claras ante los señalamientos de corrupción. De lo contrario, la jornada electoral del 30 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en el mapa político hondureño.