La condena de David Sánchez ha abierto un nuevo capítulo político y jurídico que trasciende la responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno. Ahora la pregunta ya no se dirige únicamente a quien fue condenado, sino también a la institución que abonó durante años esos salarios: la Diputación Provincial de Badajoz.
Al frente de esa institución se encuentra hoy Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta la fecha, no ha anunciado ninguna iniciativa destinada a reclamar la devolución de los más de 340.000 euros abonados a David Sánchez, pese a que distintas voces jurídicas consideran que corresponde proteger el patrimonio público.
La Audiencia Provincial impuso a David Sánchez una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa vinculado a su proceso de contratación. No obstante, la resolución judicial no ordenó devolver las cantidades recibidas, ya que la Diputación nunca planteó esa reclamación durante la causa penal, hecho que ha suscitado un notable debate tanto jurídico como político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una institución que permanece en silencio
Lo sorprendente no radica solo en la ausencia de una queja, sino también en el total mutismo por parte de las instituciones.
Desde que se conoció la condena, la Diputación presidida por Raquel del Puerto no ha explicado públicamente si piensa ejercitar acciones para reclamar el dinero ni ha detallado cuál será su posición ante las nuevas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La falta de aclaraciones aviva las críticas de quienes sostienen que una administración está obligada a proteger el patrimonio de todos los ciudadanos sin importar el partido político involucrado.
El Tribunal de Cuentas asume un papel central
Ante la falta de actuación de la Diputación, será ahora otra vía la que trate de determinar si existe responsabilidad contable.
Iustitia Europa ha anunciado una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que estudie la posible devolución de los más de 340.000 euros percibidos por David Sánchez durante su etapa en la Diputación de Badajoz, sosteniendo que corresponde proteger los fondos públicos si existió un perjuicio económico para la administración.
Será el Tribunal de Cuentas quien deba pronunciarse sobre si concurren los requisitos legales para exigir un eventual reintegro.
Transparencia y responsabilidad
Más allá del recorrido judicial que pueda tener esta iniciativa, existe una cuestión política difícil de ignorar.
Miles de extremeños afrontan una elevada presión fiscal mientras las administraciones reclaman constantes esfuerzos económicos a familias y empresas. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos esperen que cualquier euro público cuyo pago haya quedado cuestionado judicialmente sea objeto, al menos, de un intento serio de recuperación cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
Por este motivo, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, tendría que aclarar ante la ciudadanía cuál es la postura oficial de la institución: si estima que procede exigir la devolución del dinero público, si considera que no hay fundamentos jurídicos para ello o si, en última instancia, decidirá no llevar a cabo ninguna actuación.
Porque la transparencia institucional no consiste únicamente en gestionar los recursos públicos, sino también en rendir cuentas cuando esos recursos se encuentran bajo sospecha.
Mientras esas aclaraciones no se presenten, el silencio continuará llenando el espacio que tendría que asumirse como responsabilidad política.