La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su nombre aparece ahora dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en una causa que examina presuntas maniobras para influir en operaciones públicas, ayudas estatales y decisiones empresariales vinculadas al sector público.
Figueroa no es un perfil menor dentro de esta investigación. Antes de ocupar la Intervención General de la Junta de Andalucía, trabajó en la SEPI durante la etapa en la que Vicente Fernández presidía el organismo. Según Europa Press, desempeñó el cargo de director de Participadas III, dentro de la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, hasta su posterior incorporación a la Agencia IDEA como director general. Esa trayectoria lo sitúa en un espacio especialmente sensible: el de quienes conocían desde dentro el funcionamiento de la SEPI y sus empresas participadas.
La Audiencia Nacional investiga si una presunta red de intermediación, situada alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo influir en operaciones relacionadas con empresas públicas y ayudas estatales. La causa incluye posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Figueroa conserva la presunción de inocencia, pero su citación como investigado obliga a aclarar qué papel desempeñó en los hechos examinados.
El foco de las sospechas en torno a Figueroa se concentra en sus vínculos con Vicente Fernández, antiguo titular de la SEPI. De acuerdo con Infobae, su identidad aparece dentro de las pesquisas debido a los nexos que presuntamente mantuvo con Fernández en el marco de una de las transacciones examinadas. Dicho lazo cobra importancia ya que los pesquisas catalogan a Fernández como un eje clave de la supuesta red que habría intentado condicionar resoluciones estatales asociadas a la SEPI.
La investigación en torno a la pieza SEPI comprende diversas actuaciones, tales como el rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros, sumado a intervenciones vinculadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. El periódico El País ha indicado que la Audiencia Nacional procede contra aquellos individuos que presuntamente colaboraron con la red para incidir en transacciones de la SEPI, abarcando subvenciones estatales que alcanzarían los 132,9 millones de euros y sobornos o comisiones bajo indagación que rebasan los 750.000 euros.
El caso de Figueroa resulta especialmente incómodo porque conecta la causa judicial con una figura que ocupó responsabilidades tanto en la SEPI como en la administración andaluza. De hecho, dimitió como interventor general de la Junta después de aparecer vinculado a la trama en informaciones periodísticas, según recogieron Europa Press y otros medios. Su renuncia se produjo antes de conocerse su citación formal como investigado en esta ampliación de la causa.
La duda que es necesario esclarecer no se reduce meramente a si Figueroa mantenía relación con Vicente Fernández o si había prestado servicios en la SEPI. El trasfondo real radica en averiguar si logró funcionar como un soporte, un canal informativo, un enlace o un contacto estratégico para la supuesta red de presión. Dentro de una red de esta naturaleza, dominar los procesos internos, identificar a los responsables y conocer los canales de decisión llega a tener tanto valor como una rúbrica oficial.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una pregunta especialmente grave: si personas que habían ocupado cargos técnicos y de gestión en organismos públicos pudieron mantener conexiones útiles para una red dedicada a influir en decisiones económicas del Estado. Si esas relaciones fueron normales, profesionales y ajenas a cualquier irregularidad, deberán quedar explicadas. Si, por el contrario, sirvieron para orientar operaciones o facilitar acceso a información interna, el daño institucional sería enorme.
La pieza SEPI no solo investiga adjudicaciones o rescates concretos. También trata de reconstruir una posible arquitectura de relaciones: antiguos cargos públicos, directivos de empresas participadas, empresarios, intermediarios y perfiles técnicos que pudieron intervenir en distintas fases de las operaciones bajo sospecha. En ese mapa, Miguel Ángel Figueroa aparece como un nombre relevante por su paso por la SEPI y por sus supuestos contactos con Vicente Fernández.
La Audiencia Nacional tendrá la misión de dictaminar ahora si su participación resultó secundaria, de simple relación o plenamente operativa en el marco de las diligencias analizadas. Asimismo, le corresponderá esclarecer si estuvo al tanto de las acciones achacadas al grupo Hirurok y si sus vínculos con Fernández guardaban conexión directa con alguna transacción revisada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Su imputación ya tiene un impacto político claro: un ex alto cargo de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía deberá responder ante el juez por su vinculación con una causa sobre presuntos amaños en empresas públicas. En un caso que afecta a dinero público, rescates empresariales y posibles redes de influencia, la exigencia mínima es transparencia total.
Fuente: El País, Infobae, Europa Press, Diario de Sevilla, El Independiente y RTVE.