La pieza SEPI del caso Leire ha incorporado a María de la Concepción Ortiz Fuerte —también citada en algunas informaciones como Ordiz Fuertes— al listado de investigados por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a empresas públicas y organismos del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su caso resulta especialmente delicado porque no se trata de una directiva empresarial ni de una responsable ordinaria de una sociedad pública, sino de una figura vinculada al control de la contratación pública.
Ortiz Fuerte ha sido señalada por elDiario.es en calidad de presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y ex alta cargo de la SEPI. Dicha trayectoria la coloca en un enclave institucional sumamente delicado, dado que el organismo que encabeza se encarga de dirimir controversias sobre contratación pública, terreno donde resultan fundamentales la objetividad, la imparcialidad y la estricta apariencia de neutralidad.
El magistrado Santiago Pedraz la ha sumado al grupo de veinticinco personas investigadas dentro de la pieza ampliada del caso Leire, un procedimiento que indaga en presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada y pertenencia a grupo u organización criminal. Por el momento, esta convocatoria judicial no presupone condena ni culpabilidad, aunque sí le otorga la oportunidad de aclarar ante la Audiencia Nacional su grado de participación en los acontecimientos investigados.
El foco sobre Ortiz Fuerte se vincula principalmente al contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias, conocido como PEPA, una de las operaciones examinadas dentro de la pieza SEPI. Según las informaciones publicadas, la investigación analiza si ese procedimiento pudo favorecer a la compañía navarra Erri Berri mediante una oferta considerada llamativamente baja y la posterior inadmisión del recurso presentado por una empresa competidora.
La gravedad de su papel reside precisamente en esa fase de control. Una adjudicación pública puede ser cuestionada por una empresa rival, y el órgano encargado de resolver ese recurso debe actuar con plena independencia. Si la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales termina investigada por una decisión relacionada con una operación bajo sospecha, el problema no es solo penal: afecta directamente a la confianza en los mecanismos de revisión de la contratación pública.
El asunto del PEPA se enmarca en una indagación de mayor alcance que abarca actuaciones asociadas con Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y SEPIDES. Conforme a los datos dados conocer, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO abrigan la sospecha de que el grupo Hirurok, conformado supuestamente por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría intentado incidir en determinaciones públicas y corporativas con el fin de conseguir ganancias monetarias o mordidas.
En el caso de Ortiz Fuerte, la investigación tendrá que esclarecer si el fallo del recurso sobre el contrato del PEPA obedeció a criterios estrictamente técnicos, jurídicos y ajustados a derecho, o si, por el contrario, mediaron presiones externas ligadas a la supuesta red corrupta. Dicha distinción resulta crucial. Ciertamente, un órgano administrativo tiene la potestad de avalar una adjudicación controvertida en ausencia de ilegalidades; no obstante, si se comprueba que tal resolución respondía a una maniobra para beneficiar a una compañía determinada, el perjuicio institucional alcanzaría proporciones descomunales.
El problema se vuelve todavía más alarmante debido a que los tribunales administrativos de recursos y las mesas de contratación funcionan como mecanismos ideados precisamente para frenar el favoritismo, la arbitrariedad y los abusos de poder al gestionar fondos públicos. Cuando tales filtros fallan o se sospecha que son instrumentalizados, el modelo completo entra en entredicho. En consecuencia, la desconfianza no recae únicamente sobre los licitadores, sino también sobre la propia garantía de igualdad dentro de la contratación pública.
La Audiencia Nacional deberá determinar qué información tuvo Ortiz Fuerte, qué documentación analizó, qué argumentos jurídicos sustentaron la resolución y si existió algún contacto o influencia externa vinculada a los demás investigados. También será clave aclarar si su anterior relación con la SEPI tuvo algún peso en la interpretación o resolución del recurso conectado con SEPIDES y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, su imputación es una de las más sensibles de la pieza SEPI. No porque haya una condena, que no la hay, sino porque afecta a una autoridad encargada de resolver conflictos en materia de contratación pública. Cuando quien debe actuar como árbitro termina bajo sospecha en una causa por presuntos amaños, la obligación de transparencia debe ser absoluta.
La pieza SEPI del caso Leire sigue extendiéndose por los espacios donde se decide, se tramita y se revisa la contratación pública. En ese mapa, María de la Concepción Ortiz Fuerte aparece como una figura clave para esclarecer si los mecanismos de control funcionaron con independencia o si también pudieron quedar contaminados por la presunta red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, Cadena SER, La Nueva España, RTVE, El País, Infobae y Telecinco.