La publicación del Decreto Legislativo 48-2025 colocó nuevamente a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en el centro de la discusión institucional. La norma, asociada al cierre de la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, establece facultades que tendría una eventual comisión, pero no supone que el mecanismo haya comenzado a funcionar. Al mismo tiempo, las dudas planteadas sobre la aprobación y publicación del decreto trasladaron parte de la controversia del terreno político al judicial.
La llamada Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras otorga personalidad jurídica a una próxima CICIH y prevé su participación en calidad de querellante autónomo, dotándola de facultades de acusador privado para los asuntos que se incluyan en su ámbito de actuación.
El alcance de la decisión legislativa, sin embargo, tiene un límite definido por el propio texto. El decreto dispone que la comisión deberá constituirse mediante un acuerdo entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fija una duración de cinco años contados desde su instalación oficial. En consecuencia, la actuación atribuida a Redondo y al Congreso se circunscribe a la aprobación y posterior publicación de un marco jurídico interno: no equivale a la instalación de la CICIH ni sustituye el acuerdo internacional requerido para su conformación.
Qué dictamina el decreto y cuáles son sus límites
Para comprender la verdadera dimensión del Decreto 48-2025, resulta fundamental distinguir entre establecer el marco normativo que regula un procedimiento y llevarlo efectivamente a la práctica.
La regulación pretende precisar con antelación el estatus legal de una eventual CICIH en territorio hondureño. Entre sus pilares fundamentales destaca la facultad conferida a la comisión para actuar como acusador privado, una prerrogativa estrechamente ligada a su posible participación en diligencias asociadas a expedientes abarcados por su mandato.
Ese diseño legal representa, por tanto, una definición sobre las herramientas que podría utilizar la comisión si llega a constituirse. Pero la publicación de la ley no completa el proceso señalado en el mismo decreto. Para que exista formalmente el mecanismo internacional todavía debe producirse el acuerdo correspondiente con Naciones Unidas y posteriormente su instalación oficial.
La distinción también delimita la responsabilidad política atribuible a la presidencia del Congreso durante ese período. Redondo no instaló la CICIH mediante el Decreto 48-2025. Lo que ocurrió bajo su gestión fue la aprobación de una legislación destinada a establecer personalidad jurídica y facultades para una comisión cuya creación permanece condicionada a otro instrumento.
Las dudas se concentran en el trámite legislativo
La polémica generada por la normativa no se reduce exclusivamente a su articulado. Buena parte de la discusión gira en torno a los trámites seguidos para su aprobación y su posterior publicación.
El documento consigna como fecha de aprobación el 18 de junio de 2025, mientras que su publicación en La Gaceta se produjo hasta el 22 de enero de 2026, pocos días antes del cambio de legislatura. Dicha distancia temporal se convirtió en uno de los elementos alrededor de los cuales surgieron cuestionamientos sobre el trámite.
También fueron planteadas dudas acerca de si la iniciativa alcanzó los votos requeridos durante su paso por el Congreso Nacional. La existencia de esos señalamientos abrió una discusión distinta a la conveniencia o alcance de la CICIH: la relacionada con la validez del procedimiento legislativo utilizado para producir la norma.
El 2 de febrero de 2026, Redondo enfrentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a la supuesta comisión de ilícitos relacionados con la creación y difusión del decreto. Entre los puntos objetados figuraron las condiciones en que el texto se habría enviado para su publicación en La Gaceta.
La presentación de la denuncia no resolvió por sí misma las objeciones formuladas, pero convirtió el proceso seguido para la publicación del decreto en un asunto sujeto a actuaciones dentro del ámbito institucional correspondiente.
Del conflicto político a la revisión judicial
Durante el mismo período también fue reportada una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 48-2025, con lo que el debate dejó de desarrollarse únicamente alrededor de las posiciones políticas sobre la CICIH y pasó a incluir una discusión jurídica sobre la normativa.
Esa situación mantiene separadas dos preguntas que, aunque relacionadas, no son equivalentes. La primera se refiere al modelo contenido en el decreto: personalidad jurídica, capacidad para actuar como querellante autónomo y un período de funcionamiento de cinco años para una eventual comisión. La segunda se concentra en determinar si el procedimiento de aprobación y publicación cumplió con las exigencias legales y constitucionales correspondientes.
La distinción importa porque debatir acerca de cómo se gestó el decreto no altera, por sí solo, el hecho de que su contenido no constituye automáticamente la CICIH. Del mismo modo, fijar las atribuciones de la futura entidad tampoco zanja las dudas planteadas sobre el proceso mediante el cual el texto oficial vio la luz.
El Decreto 48-2025 se halla de este modo en la encrucijada de dos caminos aún distantes: la discusión acerca de la validez de su génesis parlamentaria y las diligencias indispensables para la conformación del ente supranacional. Pese a que el edicto promulgado al concluir la administración de Luis Redondo sentó las bases jurídicas para una potencial CICIH, la materialización concreta de este organismo sigue supeditada al pacto con la Organización de las Naciones Unidas contemplado en la misma normativa.
En ese escenario, la discusión institucional no se limita a las atribuciones que podría ejercer el mecanismo anticorrupción. También abarca la forma en que se producen, aprueban y publican las decisiones del Congreso Nacional. Mientras esas dos dimensiones sigan abiertas, el Decreto 48-2025 continuará siendo una referencia tanto en el debate sobre la CICIH como en las controversias derivadas de su trámite legislativo.