A diez meses de haberse publicado el video que conecta a un importante personaje del círculo presidencial con actividades del narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados claros. La falta de acción del Ministerio Público ante un escándalo que afecta al entorno más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y ha generado una mayor desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
Desde que en septiembre de 2024 se diera a conocer el video llamado “narcovideo”, donde Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la mandataria Castro, aparece en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado progresos procesales tangibles. En el video, los participantes proponen dar 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Tras la filtración, Carlos Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista, también puso su puesto a disposición. Sin embargo, más allá de estas salidas, no ha habido acciones judiciales concretas.
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra “en análisis”, con solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para obtener el video completo y documentación relacionada con juicios previos. No obstante, a la fecha no se conocen resultados de dichas gestiones, ni se ha presentado un cronograma público de investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La divulgación del video generó una ola de reacciones desde distintos sectores. La presidenta Xiomara Castro condenó cualquier vínculo entre actores políticos y estructuras criminales, pero enmarcó la filtración como un intento de desestabilizar su gobierno con miras a las elecciones de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El «narcovideo» no ha sido un evento aislado. Se añade a una cadena de escándalos recientes que han minado la confianza del público en los compromisos de cambio anunciados por el gobierno de Castro. La ausencia de medidas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma firmeza cuando los involucrados son parte del partido gobernante.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este asunto toma importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el oficialismo intenta reducir el efecto del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social por claridad y equidad se sostiene como un punto de presión continuo.
Un caso que señala la situación de la institucionalidad en Honduras
A casi un año de su divulgación, el narcovideo permanece sin consecuencias jurídicas visibles, mientras se acumulan cuestionamientos al rol de la Fiscalía y al compromiso del gobierno con la transparencia. La prolongada falta de acción contribuye a deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones, en un país marcado por el historial de impunidad y la persistente influencia del crimen organizado en la política.
El manejo de este caso representa no solo un reto inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una prueba crítica para la solidez del Estado de derecho en Honduras. La manera en que se resuelva o se omita marcará el curso de la credibilidad institucional de cara a un proceso electoral altamente polarizado.