Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Polémica por comentarios del Ejecutivo
Durante una intervención pública, Héctor Zelaya sugirió que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada «en un descuido» por parte del Congreso Nacional. Aunque no detalló mecanismos concretos, el comentario fue percibido por distintos sectores como una insinuación de que el oficialismo, liderado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría recurrir a procedimientos irregulares para sacar adelante la normativa.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal, expresó fuertes críticas hacia las afirmaciones. Según su opinión, sugerir la sanción de una normativa sin contar con el número requerido de votos y fuera del proceso legislativo adecuado «representa un ataque a la institucionalidad». Según ella, estas propuestas demuestran una falta de apoyo tanto técnico como social para una reforma con significativo impacto económico.
Respuestas del ámbito privado y expertos en la constitución
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respondió también a la acusación de Zelaya, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas de aprobar una reforma fiscal sin un diálogo extenso y abierto. De acuerdo con esta entidad, una situación de este tipo podría aumentar la inseguridad para la inversión privada y perjudicar la estabilidad económica del país.
En paralelo, especialistas en derecho constitucional subrayaron que cualquier intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin apegarse a los procedimientos parlamentarios podría dar lugar a impugnaciones por inconstitucionalidad. En particular, recordaron que el principio de deliberación legislativa exige transparencia, discusión plural y cumplimiento de los mecanismos institucionales establecidos.
Aumento de la tensión política y supervisión opositora
Como resultado de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas opositoras han manifestado que estarán en “alerta constante” ante intentos potenciales de presentar la ley durante sesiones legislativas extraordinarias o sin actas formalmente aprobadas. Esta advertencia surge en un escenario donde la presidencia del Congreso, bajo la dirección de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas que consideran irregulares en la sanción de leyes.
El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de conflicto institucional persistente
El Legado de Justicia Tributaria sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el programa del gobierno presente, enfrentándose a objeciones tanto por su esencia como por el método en que se ha buscado incluirlo en la discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo reorienta el enfoque hacia esta propuesta legislativa, sino que destaca las disputas relacionadas con la gobernabilidad, la validación de los procesos legislativos y la urgencia de canales de comunicación eficientes.
En un contexto político marcado por la división y la falta de confianza, cualquier intento de cambiar el sistema fiscal de manera significativa necesita, además del apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas opiniones y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales del país.