La crisis causada por el esquema piramidal a gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que demandan medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas partes del país culpan a la falta de acción institucional frente a un caso que ha generado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La respuesta del Estado, hasta ahora insuficiente, ha intensificado las críticas públicas y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar fraudes de tal envergadura.
Reclamaciones públicas y de organismos en entredicho
Las recientes protestas estuvieron caracterizadas por cantos dirigidos hacia el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a organismos estatales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes denuncian haber sido estafados por un esquema financiero fraudulento sin que, hasta ahora, se haya implementado un plan de compensación ni se hayan identificado, de manera concreta, a los responsables directos.
Una de las críticas más destacadas se dirige a la CNBS. Los manifestantes señalan que el organismo regulador ha recibido quejas formales acerca de las actividades irregulares de Koriun, sin que se hayan tomado acciones preventivas o correctivas. Estas informaciones han intensificado la percepción de una potencial negligencia institucional, lo que ha incrementado la desconfianza en la vigilancia estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de responsabilidad criminal
Los perjudicados también han desaprobado propuestas informales que plantean emplear recursos del gobierno para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La propuesta de usar dinero estatal ha sido considerada por los protestantes como una acción inapropiada que transferiría la obligación del engaño a toda la población, en lugar de buscar a los responsables directos y colaboradores del esquema piramidal.
Durante las protestas, varias pancartas evidenciaron el rechazo al enfoque adoptado por las autoridades. Expresiones como “El Gobierno también es responsable” y “Koriun estafó, el Estado encubrió” apuntan a una narrativa en la que no solo los operadores de la estafa, sino también los órganos de supervisión y justicia, comparten una cuota de responsabilidad en la falta de respuestas oportunas.
Al mismo tiempo, la ausencia de avances visibles en el Ministerio Público ha generado críticas de sectores ciudadanos que perciben una falta de voluntad política para llevar el caso a una resolución judicial efectiva. La pasividad de la Fiscalía frente a un caso de alto impacto social e institucional ha abierto un nuevo frente de tensión entre la sociedad civil y el aparato judicial.
Proyecciones de movilización y presión internacional
Ante la falta de avances, organizaciones civiles han anunciado la organización de nuevas jornadas de protesta y han dejado abierta la posibilidad de escalar el conflicto a instancias internacionales. El recurso a mecanismos legales en el extranjero es visto por algunos sectores como una vía para presionar al Estado hondureño a cumplir con sus responsabilidades en materia de justicia y reparación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la extensión del fraude, sino también las debilidades en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de reacción frente a delitos económicos a gran escala. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones.
Una visión dominada por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la tardanza institucional. La incertidumbre respecto a la gestión de los recursos, la culpabilidad de los involucrados y el papel de las entidades reguladoras ha puesto al Gobierno bajo un escrutinio intenso. El desafío para las autoridades y el sistema judicial no es solo solucionar el caso, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de las personas en un país donde los mecanismos de control permanecen débiles.