Varios grupos dentro de la sociedad hondureña y entidades internacionales muestran preocupación por el dominio institucional que el oficialismo tiene, en un contexto político caracterizado por tensiones en torno a la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en organismos esenciales del Estado
Desde que comenzó la administración liderada por la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha aumentado su poder en las instituciones clave del Estado. El impacto del gobierno ha alcanzado al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según las acusaciones de los adversarios, algunos de estos nombramientos han ocurrido sin seguir los procedimientos parlamentarios estipulados y como parte de pactos políticos poco claros. La legisladora Maribel Espinoza, quien forma parte del grupo opositor, destacó que el objetivo del partido gobernante trasciende la administración, al señalar que pretende «tener dominio total», incluyendo entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
La acumulación de poder institucional plantea interrogantes sobre el equilibrio entre poderes del Estado y la vigencia de mecanismos democráticos de control político.
Alertas sobre riesgos democráticos y denuncias de persecución
Voces expertas y centros de análisis han advertido que el proceso de concentración de poder puede generar un debilitamiento estructural de la democracia. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha señalado que esta dinámica erosiona la independencia de los poderes públicos y puede facilitar un modelo de gobierno con rasgos autoritarios.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
En este contexto, también es importante considerar la inquietud relacionada con la manera en que se trata a los sectores autónomos, especialmente a los medios de comunicación y las figuras empresariales. Informes recientes destacan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, tal como se evidencia en el caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, además de las campañas del gobierno que critican abiertamente a determinados grupos empresariales conocidos como «las 10 familias».
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que estas acciones podrían formar parte de un patrón destinado a desincentivar la crítica y limitar la pluralidad de voces en el debate público.
Solicitudes de monitoreo global y alertas desde la ciudadanía
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un anuncio que la población debe estar alerta a los peligros asociados con la acumulación del control político. En el mismo comunicado, la organización afirmó que cuando «el poder se reúne en una sola mano, la libertad corre riesgo» y solicitó que se asegure un proceso de elecciones libre y claro en los comicios planeados para noviembre de 2025.
En este contexto de creciente desconfianza en las instituciones y demanda de seguridades democráticas, se debate el rol de los actores internacionales como aseguradores del cumplimiento de los principios constitucionales y de los derechos políticos de la población.
Una coyuntura marcada por desafíos a la institucionalidad
La coyuntura presente revela tensiones estructurales en el sistema democrático de Honduras, especialmente en lo referente a la división de poderes, la transparencia y la igualdad en el acceso a los ámbitos de participación política. El fortalecimiento del dominio institucional por parte del partido en el poder ocurre en un marco donde los mecanismos de control tienen restricciones para funcionar de manera independiente.
En este escenario, los próximos meses serán determinantes para evaluar la capacidad de las instituciones hondureñas de mantener su autonomía, así como el nivel de apertura del sistema político a la crítica y a la participación plural en un proceso electoral que ya comienza a perfilarse como clave para el futuro político del país.