El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una intensa discusión entre el sector privado, organizaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de reforma fiscal, promovida por el actual gobierno, ha sido vista por líderes empresariales como una amenaza directa a la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido cruciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría llevar a una serie de cierres y despidos masivos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
La reforma anticipada no se circunscribe únicamente al sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de los hogares y al tejido social en Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la disminución de la actividad económica y la posible partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo estructural, un auge de la economía sumergida, un éxodo forzado y un desplome del consumo interno. Esta coyuntura se intensifica debido a la situación actual del país, donde más de un millón de personas están en busca de empleo decente y la informalidad laboral afecta a una proporción considerable de la población.
Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo
La normativa de Justicia Fiscal prevé la eliminación de los esquemas de exoneraciones y exenciones tributarias, impactando a más de diez áreas productivas, entre las que se encuentran zonas francas, turismo, energías alternativas y manufactura. Según cifras proporcionadas por el sector empresarial, actualmente más de 400,000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, con un énfasis especial en la cadena de suministro y exportaciones del ámbito agrícola e industrial. La eliminación de estos incentivos podría llevar al cierre de fábricas, talleres, tiendas y granjas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de hondureños y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría un efecto adverso en áreas como el turismo, la industria manufacturera y la agroindustria. Por ejemplo, en el sector manufacturero se prevé que podrían peligrar 40.000 puestos de trabajo y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en el ámbito turístico, el impacto podría causar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos, además de una reducción considerable en la inversión y los salarios. Asimismo, el incremento de los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, pondría en riesgo su supervivencia en el mercado, lo que agravaría la problemática del desempleo y el subempleo en el país.
Implicaciones sociales y opciones distintas del ámbito privado
La influencia social de la modificación se anticipa como inalterable, con el peligro de incrementar la miseria, el éxodo forzado y la falta de confianza tanto a nivel nacional como internacional. La expansión del sector informal y la disminución de empleos con seguridad social pueden empeorar las condiciones de vida y la recaudación tributaria, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los emprendedores se extiende al efecto de cadena sobre la estabilidad social, alertando que la eliminación de trabajos podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, el sector privado ha planteado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los hondureños, reactivar la economía y fomentar la creación de empleo. Asimismo, proponen que en vez de suprimir los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo inspecciones y auditorías a las empresas con exenciones fiscales que tengan irregularidades, utilizando las facultades que la legislación actual ya permite. El sector empresarial recalca la importancia de mantener un diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener efectos irreversibles en el desarrollo económico y social del país.
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo acalorada, con urgentes llamados al Congreso Nacional para que examine detenidamente el texto de la ley y evite tomar decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.