En las últimas semanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de ser uno de los rostros más visibles del “sanchismo” a convertirse también en blanco de críticas y sospechas políticas. La gestión del caso Salazar, las acusaciones de un intento de soborno por parte de un político de su partido en sede judicial, la tergiversación de una resolución judicial sobre Begoña Gómez y algunas decisiones controvertidas en Educación, han colocado su nombre en el centro del debate público.
La comida con Paco Salazar en plena crisis por acoso sexual
El episodio más reciente y notorio corresponde a la comida que Pilar Alegría sostuvo con Francisco “Paco” Salazar, antiguo alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, en un momento en que ya circulaban denuncias internas por acoso sexual contra él y había sido retirado de sus responsabilidades.
La fotografía donde ambos aparecen sentados y conversando animadamente en un restaurante de Madrid se propagó por la prensa y las redes, provocando un intenso revuelo tanto dentro como fuera: mientras el partido intentaba frenar la crisis derivada del trato a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría terminó admitiendo que aquella comida fue un “error” que “no se tendría que haber producido”, alegando que acudió por la relación personal de años con Salazar y porque todavía no conocía en detalle los testimonios que después publicarían los medios.
Posteriormente, la ministra calificó de “vomitivas” las conductas atribuidas a Salazar y subrayó su solidaridad con las mujeres que le acusan, insistiendo en que el foco debe estar en las víctimas y no en el coste político para el PSOE.
Críticos dentro y fuera del partido, sin embargo, consideran que la comida refleja una doble vara de medir y un intento tardío de rectificación, en un contexto en el que el PSOE ha sido señalado por tardar meses en contactar de forma efectiva con las víctimas del caso Salazar.
La administración pública del “caso Salazar” en calidad de portavoz
Más allá de la imagen, Alegría figura en el núcleo del relato oficial sobre la manera en que Moncloa y el PSOE han afrontado el escándalo. En diversas intervenciones, la portavoz ha sostenido que el Gobierno respondió con “celeridad y firmeza” desde que tuvo conocimiento formal de las acusaciones, destacando la destitución de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, señalado por encubrimiento.
No obstante, datos difundidos después revelaron que las denuncias permanecieron durante meses registradas en el canal interno del PSOE sin que se estableciera contacto con las víctimas, y que el partido estaba preparando su informe interno sobre el caso justamente cuando la controversia estalló en los medios.
Diversos programas de análisis político han puesto de relieve discrepancias entre la versión oficial y la secuencia real de los acontecimientos, resaltando que en aquel periodo Salazar aún habría mantenido una influencia velada y que Alegría consiguió entrevistarse con él mientras el partido aseguraba no poder hallarlo.
En este sentido, el “escándalo” se presenta menos como un asunto penal y más como un episodio político y comunicativo: se cuestiona a la portavoz por sostener una versión de esmero y rigor que, a la luz de la información disponible, aparenta ser parcial o indulgente con su propio partido.
La imputación por un presunto soborno de 60.000 euros: un asunto todavía controvertido
Otro asunto especialmente sensible es la acusación de soborno planteada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien afirmó ante un juez que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros e, incluso según algunas versiones, un cargo público a cambio de que retirara una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión se ha propagado por diversos medios y espacios de opinión, donde la exhiben como muestra de una presunta maniobra interna destinada a manejar discretamente silencios incómodos para el partido.
La distorsión del auto relacionado con Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría protagonizó otra polémica como portavoz al comentar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente. En rueda de prensa, la ministra afirmó que el tribunal venía a decir que la investigación era “prospectiva, genérica e imprecisa”, sugiriendo que el auto desautorizaba al juez investigador.
El País habló abiertamente de que el Gobierno “tergiversó” el dictamen de la Audiencia, situando a Alegría en el centro de una polémica por desinformación o, como mínimo, por sobreactuación propagandística en defensa de la esposa del presidente.
Controversias administrativas dentro del sector de la Educación y otros debates complementarios
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría también ha afrontado críticas por algunas decisiones de política educativa: El proyecto de nueva EBAU (Selectividad) incluía en su diseño inicial una “prueba de madurez” muy cuestionada por comunidades y expertos. Finalmente, el Ministerio dio marcha atrás y eliminó ese test, ampliando el tiempo de los exámenes e introduciendo una tercera revisión, en lo que fue leído como reculada política ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido la responsabilidad de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un caso judicializado y empleado por la oposición como supuesto ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo con el fin de concentrarse en las elecciones en Aragón coincide justo con el momento en que estas controversias alcanzan su punto más álgido, y deja abierta una duda: ¿responde a un relevo político habitual o a un movimiento destinado a desactivar uno de los focos de desgaste que más perjudican actualmente la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?