A poco más de cuatro meses de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, el partido gobernante en Honduras se enfrenta a una creciente pérdida de credibilidad pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha estado al mando desde 2022, ha sido acusado por la oposición política, entidades empresariales y grupos de la sociedad civil, quienes señalan supuestas tácticas para modificar el proceso electoral y mantenerse en el poder, mientras las encuestas reflejan una notable disminución en su apoyo.
Disminución en el respaldo electoral y falta de confianza
Estudios recientes, como los de Pro Encuestas y TResearch, revelan una disminución constante en la campaña presidencial de Rixi Moncada. Inicialmente considerada como la principal candidata, Moncada fue adelantada en las encuestas por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Los especialistas señalan que esta caída se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido gobernante, mal desempeño económico y una percepción cada vez mayor de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha ocurrido al mismo tiempo que un endurecimiento del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han alertado a diversos sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se han registrado medidas destinadas a complicar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han señalado presiones e intentos de obstrucción a sus labores.
Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.
Acusaciones de alineamientos ideológicos y clima de confrontación
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.
La presente situación revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en la nación, sino también el reto de dirigir la competencia política dentro de límites institucionales firmes, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones del Estado.