En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales cuestionamientos hacia Moncada se centra en la utilización de recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. De acuerdo con denuncias actuales, recursos públicos podrían haber sido dirigidos hacia grupos relacionados con el partido en el poder, lo cual ha avivado críticas sobre la aplicación de programas sociales con intenciones políticas.
Estas afirmaciones se desarrollan en un marco de creciente presión por la claridad en la administración del gasto público durante un año electoral, donde distintos sectores han pedido regulaciones más rigurosas sobre el manejo de los fondos dirigidos a la asistencia social.
Informe mundial presentado al FBI
El caso tomó un giro internacional a principios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano estadounidense, presentó una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la que se menciona a Moncada y a otros funcionarios del Estado. La acusación alega irregularidades administrativas y uso indebido de funciones públicas que habrían afectado inversiones extranjeras en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Recorrido de estudios y consultas anteriores
Las controversias que hoy rodean a Moncada no son nuevas. En 2009 y 2013 fue objeto de investigaciones por abuso de autoridad y presunto fraude durante su paso por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber sido vinculada a contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos la justicia hondureña emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha continuado apareciendo en informes periodísticos y en indagaciones promovidas por organismos de control.
En enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por posible desvío de fondos públicos contra Moncada y varios funcionarios. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han revelado información sobre el caso, provocando dudas respecto al progreso legal e incrementando las críticas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos institucionales y críticas sobre el ejercicio del poder
Aparte de las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas debido a su desempeño en funciones públicas durante su campaña presidencial. Algunos grupos han puesto en duda su participación en la elaboración de propuestas y revisiones, las cuales, según opositores, van más allá de las responsabilidades de su puesto actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el balance institucional.
Las críticas aumentan debido a que la candidata ha conservado posiciones oficiales durante su campaña, lo que ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y el uso potencial de recursos del estado en favor de su candidatura. Entidades de la sociedad civil han llamado a intensificar la supervisión ciudadana y a reforzar mecanismos de responsabilidad para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada destaca los retos que Honduras tiene en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para el futuro político del país, las acusaciones de corrupción y las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos se han posicionado como temas principales en el debate nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado cómo avanzan judicialmente las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles impactos que podrían afectar directamente la legitimidad de las elecciones de 2025 y cómo los ciudadanos perciben la independencia de las instituciones.