El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder desde 2022, enfrenta nuevas acusaciones por impulsar reformas estructurales de alto impacto sin procesos amplios de consulta ni transparencia legislativa. Las críticas surgen en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional, donde distintos sectores cuestionan el rumbo adoptado por el oficialismo para avanzar su agenda.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Varias voces dentro del entorno político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud por lo que perciben como una táctica de imposición legislativa por parte del gobierno. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el adecuado proceso parlamentario.
Un tema polémico se centra en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley con grandes repercusiones fiscales. De acuerdo con las críticas, la legislación ha progresado sin asesoramiento técnico público ni una consulta amplia con las partes interesadas. También se señala el riesgo de que la ley se apruebe en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de los registros legislativos pertinentes.
Expertos han señalado que la opacidad en este tipo de procedimientos se considera un peligro para la democracia institucional. Un analista en temas constitucionales consultado destacó que emplear métodos “dudosos e incluso ilegales” para implementar reformas fundamentales sin el apoyo político o técnico necesario constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos opositores
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud por estas acciones, señalando que podrían debilitar la confianza en el entorno de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En un contexto donde Honduras se enfrenta a retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios consideran que este tipo de medidas legislativas podría intensificar la incertidumbre económica.
El bloque opositor en el parlamento ha señalado también situaciones irregulares. Legisladores contrarios afirman que en el diario oficial La Gaceta se han publicado leyes sin seguir los procesos estipulados, como la aprobación formal de las actas legislativas. Según sus declaraciones, esto infringe el principio de legalidad que debería regir las acciones del Congreso y pone en duda la legitimidad de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
Las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto a la separación de sectores cruciales como el empresarial y grupos civiles, muestran una intensificación de la división en la gestión del poder legislativo, donde las discusiones políticas han sido reemplazadas por dinámicas confrontativas.
Cruzada institucional y papel de la ciudadanía
El contexto presente suscita dudas acerca de la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera de manejar las reformas en las leyes exhibe continuas tensiones entre la intención del oficialismo de impulsar un cambio estructural y el reclamo de legalidad, transparencia y participación manifestado por diversos actores políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
En este contexto, Honduras enfrenta el reto de consolidar mecanismos de deliberación y control parlamentario que garanticen la legalidad de sus procesos y la inclusión de los sectores sociales afectados por las políticas públicas, especialmente cuando se trata de reformas que impactan el modelo fiscal y económico del país.