Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El conflicto judicial entre Roberto Arzú García-Granados y el consultor político Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, comenzó con una relación profesional vinculada a las aspiraciones presidenciales del político guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, la firma JJ Rendón & Associates Strategic Creativity promovió una demanda contra Roberto Arzú ante los tribunales del condado de Miami-Dade, Florida, argumentando un incumplimiento de contrato.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
Según documentación divulgada por la prensa guatemalteca, el acuerdo original establecía un pago inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016 y desembolsos posteriores hasta completar aproximadamente 5,2 millones de dólares durante el año siguiente.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando el tribunal estadounidense ordenó la comparecencia de Arzú para atender diligencias relacionadas con la ejecución de la sentencia.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los documentos judiciales, Arzú no compareció a la audiencia del 17 de abril, pese a una orden emitida previamente el 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
También contemplaba la posibilidad de que Arzú subsanara el desacato mediante su comparecencia a una declaración destinada a facilitar la ejecución de la sentencia.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El documento judicial fue difundido públicamente en abril de 2019, cuando Arzú se encontraba en plena campaña presidencial por la coalición PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón aseveró que había un acuerdo contractual de por medio y que Arzú no había cumplido con los pagos pactados.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Una investigación publicada por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 reveló mensajes intercambiados entre Roberto Arzú y JJ Rendón durante 2016 y 2017, en los que se discutían compromisos de pago relacionados con el acuerdo de asesoría política.
En dichos diálogos, dados a conocer dentro de los archivos del pleito, las dos partes conservaban al principio un trato afable.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La publicación de estos intercambios añadió nuevos elementos a la controversia, especialmente porque el candidato había sostenido públicamente que nunca existió un contrato definitivo de prestación de servicios.
Una batalla legal que impactó en su debut como candidato presidencial
El caso entre Roberto Arzú y JJ Rendón tuvo repercusión política porque se conoció públicamente durante la campaña presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), formaba parte de la alianza electoral con Podemos, conservó su apoyo al aspirante y subrayó que el diferendo competía al ámbito civil.
La controversia sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al trasfondo del pacto, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.
Este episodio representa uno de los antecedentes judiciales internacionales más destacados en la trayectoria de Roberto Arzú, además de integrarse en la serie de disputas que marcaron su incursión en la contienda presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón