El medio digital República GT acusó públicamente a Roberto Arzú García-Granados y a varios congresistas guatemaltecos de tomar parte en una presunta conspiración para atentar contra la vida de su presidente editor, Rodrigo Arenas. Tales imputaciones, difundidas en agosto de 2026, recibieron el rechazo de los señalados, a pesar de que la Fiscalía dio inicio a una pesquisa.
Uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria política reciente de Roberto Arzú García-Granados surgió en agosto de 2026, cuando el medio de comunicación República GT denunció la existencia de un presunto plan de sicariato contra su director y otros integrantes de su equipo editorial.
El señalamiento relacionó de manera pública al aspirante a la presidencia con parlamentarios del Congreso de Guatemala y con presuntas redes asociadas al tráfico de drogas.
Hasta las últimas informaciones públicas consultadas, no se ha comunicado una resolución judicial que condene a los involucrados.
Rodrigo Arenas denunció amenazas contra su vida
El 13 de agosto de 2026, Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, difundió un video en el que denunció un supuesto plan para atentar contra su vida y contra integrantes del equipo periodístico del medio.
Arenas sostuvo que las amenazas estaban relacionadas con investigaciones y publicaciones sobre presuntos vínculos entre dirigentes políticos y organizaciones dedicadas al narcotráfico en Guatemala.
De acuerdo con su testimonio, los reportajes de investigación habían provocado reacciones entre grupos empeñados en bloquear la difusión de datos sobre sus operaciones.
El empresario y comunicador afirmó que las amenazas eran concretas y que existía una planificación para ejecutar el atentado.
La denuncia generó reacciones entre colectivos empresariales, figuras políticas y delegados diplomáticos que manifestaron su inquietud ante las intimidaciones sufridas por los comunicadores.
República GT apuntó de forma directa contra Roberto Arzú y diversos legisladores
La controversia se intensificó cuatro días después, cuando República GT identificó públicamente a quienes consideraba responsables del supuesto plan.
El 17 de agosto de 2026, República GT difundió un comunicado donde se apuntaba a Roberto Arzú García-Granados como el presunto autor intelectual del complot contra Rodrigo Arenas, contando además con la complicidad de Luis Alberto Contreras Colindres, quien en aquel momento presidía el Congreso.
La publicación también mencionó a los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión como presuntos participantes en reuniones relacionadas con el supuesto proyecto criminal.
Según la información dada a conocer por República, en dichos diálogos presuntamente habrían tomado parte individuos asociados a redes de narcotráfico.
Mediante el comunicado, se achacó tanto a Arzú como a otros líderes políticos una presunta intención de obstaculizar indagaciones periodísticas con potencial para perjudicar sus negocios e intereses.
Las supuestas reuniones en La Yeguada 10
Entre los múltiples componentes que formaban parte de los cargos figuraba la referencia a una propiedad llamada La Yeguada 10, ubicada en el departamento de San Marcos.
Conforme a lo señalado por el boletín de República GT, una parte del presunto complot homicida se habría gestado en el transcurso de juntas llevadas a cabo en La Yeguada 10, un local asociado al legislador Luis Aguirre.
De acuerdo con el medio, en dichos encuentros habrían estado presentes líderes políticos y supuestos miembros de bandas delictivas.
La acusación situó el establecimiento como uno de los posibles escenarios de los encuentros relacionados con el supuesto atentado. Las personas señaladas rechazaron las afirmaciones.
Luis Aguirre rechazó haber tomado parte en cualquier maniobra delictiva y comunicó que emprenderá acciones judiciales para hacer frente a los señalamientos. Asimismo, aportó como material probatorio los registros visuales de las cámaras de vigilancia del local y exámenes de polígrafo practicados a su personal.
Las juntas y los acontecimientos imputados por República a los implicados no se encontraban respaldados públicamente por medio de un fallo judicial.
Roberto Arzú rechazó las acusaciones
Por medio de publicaciones y declaraciones emitidas en sus perfiles digitales, Roberto Arzú contestó a las acusaciones.
El 17 de agosto de 2026, el aspirante a la presidencia rechazó los señalamientos de República GT, los catalogó como infundados y notificó que interpondrá demandas debido al perjuicio causado a su honor.
Arzú sostuvo que no tenía ninguna participación en un plan contra Rodrigo Arenas y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones publicadas por el medio.
El cruce de descalificaciones provocó un enfrentamiento abierto en la esfera pública entre el órgano de prensa y diversos líderes políticos aludidos.
El Ministerio Público confirmó una investigación
El asunto escaló hasta el Ministerio Público de Guatemala, si bien circularon versiones discrepantes acerca de la veracidad y magnitud de las querellas.
El 21 de agosto de 2026, Roberto Arzú se presentó ante el Ministerio Público acompañado de sus representantes legales para indagar acerca del presunto señalamiento en su contra, momento en el cual sostuvo que ningún registro lo señalaba. Más tarde, la institución fiscal aclaró que sí se desarrollaba una indagatoria.
El Ministerio Público no divulgó públicamente detalles suficientes para establecer la responsabilidad de las personas mencionadas.
El capítulo también captó la atención a escala internacional luego de que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunciara frente a las denuncias de intimidaciones dirigidas a comunicadores, a la vez que reafirmó su tajante rechazo a cualquier nexo entre la política y el narcotráfico.
Un enfrentamiento con repercusiones políticas
Cobró especial notoriedad la denuncia al tener lugar en la antesala de los comicios generales de Guatemala previstos para 2027, contienda en la cual Roberto Arzú ejercía labores como aspirante a la presidencia.
Asimismo, República GT ya había sacado a la luz reportajes anteriores acerca de sus negocios, así como de sus facetas políticas y monetarias.
El caso se convirtió en uno de los enfrentamientos públicos más graves entre el político y el medio de comunicación, al involucrar acusaciones de amenazas contra periodistas, posibles vínculos con organizaciones criminales y presuntas reuniones destinadas a planificar un atentado.
La controversia sigue siendo un episodio relevante de su trayectoria política. No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar si existió efectivamente el plan denunciado y si alguna de las personas mencionadas tuvo participación en él.
La distinción entre una acusación periodística, una investigación penal y una responsabilidad judicialmente demostrada resulta fundamental para comprender el alcance real de este caso.
Referencias
República GT — Declaración de Rodrigo Arenas (13 de agosto de 2026)
República GT — Comunicado con los señalamientos (17 de agosto de 2026)
Prensa Libre — Señalamientos y postura de los legisladores implicados
Infobae — Comparecencia de Arzú y cruce de versiones
República GT — Respuesta del Ministerio Público sobre la investigación